Una demanda pretende impugnar la ley de seguro de armas pendiente de aprobación en San José, California (EE.UU.), argumentando que la ley obliga a los residentes a pagar tasas contra su voluntad.
El pasado 25 de enero la ciudad de San José aprobó una ley que exige a los residentes un seguro de responsabilidad civil para sus armas de fuego. La ley, que entrará en vigor el próximo mes de agosto, no sólo obligará a los residentes que posean armas a contratar un seguro, sino también a pagar una tasa de entre 25 y 35 dólares. Esta tasa será recaudada y gestionada por una organización sin ánimo de lucro, que distribuirá los fondos a programas de prevención del suicidio, formación sobre seguridad de las armas de fuego y servicios contra la violencia de género.
Pero las organizaciones de que representan los derechos de los contribuyentes, como las asociaciones Howard Jarvis y Silicon Valley Taxpayers, se muestran críticas con esta nueva tasa. De hecho, la semana pasada un total de cinco organizaciones presentaron una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara.
Aunque no es la primera vez que la ley de seguro de armas de San José se enfrenta a un desafío legal, pues la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas presentó inmediatamente su propia demanda después de que el Ayuntamiento de San José aprobara la legislación en enero. Si bien, según explicó Tim Bittle, representante de Howard Jarvis, esta nueva demanda no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda. «Nuestro interés no es el derecho a poseer armas». «Pero estamos muy preocupados por el potencial precedente que podría sentar este inusual requisito de que los propietarios de armas paguen una cuota a una organización privada sin ánimo de lucro, que luego tiene el control de cómo se gastan los ingresos de la cuota».
En la demanda, las organizaciones alegan que la tasa de la ley de seguros es en realidad un nuevo impuesto, que requieren de la aprobación de dos tercios de los votantes según la Constitución de California. Las organizaciones también sostienen que la legislación viola el derecho a la libertad de expresión, ya que se exige a los propietarios de armas que paguen a una organización sin ánimo de lucro, cuyo mensaje puede ir en contra de su voluntad.
El alcalde de San José, Sam Liccardo, ha emitido un comunicado en respuesta a la demanda, afirmando que «ninguna buena acción queda sin ser juzgada». Liccardo también indicó que había esperado desafíos legales a la ley, pero que la ciudad ha «pasado casi dos años en profunda discusión con expertos legales en todo el país», habiendo concluido que San José está facultada para dictar una ordenanza que, siendo plenamente constitucional y aplicable, ayudará a reducir la violencia por riesgo de armas en su comunidad.
