La semana pasada la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publicó las indemnizaciones actualizadas del Baremo aplicable para el cálculo de las indemnizaciones derivadas de los daños y perjuicios sufridos por las víctimas de accidentes de circulación. La revalorización acordada asciende a un 2,5%, muy lejos del incremento que el IPC ha experimentado este año, que se eleva al 6,5%. Por tanto, en contra de lo anunciado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no parece que esta actualización garantice “el poder adquisitivo de las indemnizaciones a víctimas de accidentes de tráfico», y menos aún si la inflación durante este año 2022 continúa su ascenso.
Durante el pasado año 2021 se ha producido un cierto repunte de esta clase de reclamaciones si lo comparamos con el año 2020, pero todavía están lejos de las que se producían antes de la crisis sanitaria. Al fin y al cabo durante el pasado año todavía han estado vigentes restricciones a la hostelería y al ocio nocturno en muchos territorios.
El 1 de enero de 2016 se empezó a aplicar un nuevo Baremo, fruto de la entrada en vigor de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, y en su art. 49.1 estableció que estas indemnizaciones dejaban de actualizarse conforme a la evolución experimentada por el IPC. Pasaban a hacerlo conforme a la revalorización de las pensiones, que suele ser menor. Este año, frente al incremento del IPC del 6,5%, las pensiones han subido tan sólo 2,5%.
Sectores cercanos a las víctimas además denuncian que cumplidos siete años de la entrada en vigor del nuevo baremo, las indemnizaciones han disminuido en torno a un 40%, sobre todo, en los casos de lesiones menos graves.
